COMUNICADO PÚBLICO
con el apoyo y adhesión de las presidencias de la
Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACINE)
Visto el proyecto de modernización fiscal 2024 preparado por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y contrastando el mismo con otras acciones estatales similares llevadas a cabo en la región de Iberoamérica, nos vemos compelidos a expresar nuestro rechazo y desacuerdo con lo referente al EJE 4: Propuesta de reforma al impuesto sobre la renta (ISR) a personas jurídicas, donde se propone derogar los numerales y artículos sustantivos de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica.
Similar a lo ocurrido en otros países de la región donde se ha tratado de minimizar el valor de los activos culturales e ignorado al conglomerado de ciudadanos que los representa y sus aportes socioeconómicos reales, calificamos de inconsulta, e indignante, esta propuesta que se remite al Congreso Nacional.
En la última década, ha habido una genuina revaluación de las políticas neoliberales intentando mitigar sus yerros previos, con un creciente reconocimiento de la necesidad de un equilibrio entre las libertades de mercado y las políticas que promuevan la equidad social, la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, lo que nos ocupa, la riqueza cultural como patrimonio de los pueblos, la cual, incluye de manera relevante, en la modernidad, la cinematografía y el audiovisual.
La implementación de políticas públicas en el primer cuarto del siglo XXI ha priorizado y promovido la dependencia de la inversión extranjera, lo que ha hecho que muchas naciones sean vulnerables a crisis económicas externas más allá de sus fronteras. En el caso de esta reforma propuesta en 2024, se advierte una dicotomía con la Ley de Cine 108-10, la cual promueve efectivamente la inversión extranjera y las coproducciones nacionales, estimulando el ingreso de dinero fresco en nuestra economía, por lo que no se entiende en absoluto su propuesta de derogación.
La tendencia a la eliminación o reducción indiscriminada del gasto público, que ha dejado sin el apoyo necesario a las sociedades en áreas como salud, educación/cultura y asistencia social, en realidad ha incrementado el desempleo y acrecentado la pobreza, material y cultural de las naciones afectadas por esas medidas. Este es uno de los puntos más exacerbados en la propuesta de reforma fiscal de 2024, donde se propone desmantelar la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica.
Consideramos que en esta propuesta se omite la inminente quiebra de cientos de empresas de producción y servicios, con más de diez años de operación, ligadas estrechamente a un sector tan productivo como el cinematográfico, no se contemplan las pérdidas masivas de miles de empleos ligados al trabajo técnico y creativo, el efecto de constreñimiento en el mercado laboral al lanzar miles de nuevos egresados dominicanos de universidades locales y extranjeras que tendrán que repensar su futuro, así como el cierre previsible de grandes instalaciones y compañías de servicios que reciben producciones de todas partes del mundo de manera profesional y con éxito comprobable.
Se omite también el impacto que tiene una industria regulada en la sociedad y en la economía local. Se soslaya el valor de técnicos calificados excepcionales y creadores galardonados en eventos de primer orden, como también se omiten los impuestos devueltos al fisco dominicano, que pone en justo orden y balance, la actuación y los aportes de una industria en ciernes, pujante, como lo es la cinematográfica y audiovisual.
Una reforma que deroga de golpe y porrazo y afecta todo un sector productivo, debe de haber aquilatado antes todos los ángulos, escuchado todas las voces y los argumentos, para sopesarlos, antes de proponer eliminar el trabajo de años y de muchos, así como desestabilizar relaciones y compromisos internacionales adquiridos.
De aprobarse la propuesta en el Congreso Nacional, las divisas que ingresarían a República Dominicana en años por venir, provenientes de producciones extranjeras y coproducciones locales, serán redireccionadas de manera natural a otros países con incentivos que exceden por mucho los insertos en nuestra ley, muchos de ellos, países de Iberoamérica que han visto a República Dominicana como un modelo a seguir y que han adoptado mecanismos regulatorios similares, incrementando los incentivos fiscales para crear una real y saludable competencia regional.
Naturalmente, surgen preguntas lógicas: ¿Dónde quedan ahora los discursos vestidos de blanco del Estado Dominicano sobre las maravillas del sector cinematográfico sustentado en esa ley? ¿Dónde quedan los reportes estadísticos positivos emitidos por la entidad reguladora del Estado? ¿Dónde quedan las incontables charlas sobe los beneficios de la ley, propagados durante más de diez años por los funcionarios de la comisión fílmica dominicana, con bombos y platillos a ultramar, para captar inversión extranjera a través de los artículos que solicitan derogar? ¿Dónde quedan aparcados los sueños de prosperidad de los trabajadores de una industria digna y efectivamente regulada en cuanto a sus obligaciones fiscales como contribuyentes? ¿Dónde van ahora a ofertar sus servicios nuestros talentos especializados?
Esas y otras preguntas derivadas aplican a todos los sectores afectados, que junto al cinematográfico, deberían de tener derecho a réplica y no a abruptas o inconsultas decisiones, donde la lógica aplicable es sentarse en una mesa de diálogo en la que participe el Estado junto a los principales y verdaderos actores políticos de la industria.
Los impactos deben cuantificarse con responsabilidad y plantearse soluciones, correctivos, no informar de manera sesgada, no negar las oportunidades de desarrollo personal y colectivo, no mutilar oportunidades laborales ni condenar a nuevas generaciones de profesionales, a las que se les prometió en campañas electorales, que estarían protegidos a futuro.
El equilibrio entre las libertades del mercado y la intervención estatal sigue siendo, sin duda, un tema central en la economía y la política contemporáneas.
Ahora nos tocará a nosotros, y más aún, a las futuras generaciones, juzgar a los líderes de cualquier nación por sus acciones. Sea por deudas internas o externas, heredadas o adquiridas, por conveniencias coyunturales o ausencia de información, no debe ser una opción truncar el futuro de ciudadanos que han perfilado sus vidas alrededor de una industria aún en desarrollo y con capacidad de colaborar estrechamente con el Estado, de una manera verdaderamente productiva, en pos de objetivos comunes.
A. Luis Arambilet A.
Presidente
Federación Iberoamericana de Academias de Cine
(FIACINE)
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana (ACCINERD)
